Congresista Marisol Espinoza
Solicitarán revisión de contratos

Lima, Peru

La Congresista Nacionalista Marisol Espinoza, solicito la revisión de los contratos porque no existe una garantía de transparencia.

La forma como negocian, es un escándalo, el Gobierno hace ver estos contratos como legales, pero en realidad éstos sólo sirven para cubrir a empresas fantasmas que no cuentan con la garantía suficiente para realizar una inversión segura y transparente en nuestro país, señaló la parlamentaria.

Cuestionó la forma como directivos del gobierno valiéndose de sus cargos cometen actos de corrupción. Estas declaraciones las hizo en alusión a los audios propalados por un programa dominical, donde se escucha a un directivo de Perupetro, negociando con el aprista Rómulo León la concesión de lotes a la empresa noruega “Discover” para la explotación de Petróleo.

Indicó, que no es posible que una empresa que viene a realizar una exploración tan importante, no cuente con los medios económicos para hacerlo, esto en alusión a uno de los párrafos de la transcripción de la grabación del audio, donde se indica que se ha tenido que pagar la fianza, a la empresa “Discover” ya que ésta no contaba con la misma.

“Como es posible que se estén utilizando empresas fantasmas para avalar la corrupción, muchas veces el uso de recursos del Estado para cubrir estas acciones ilícitas es vergonzoso, la concesión de lotes ha sido cuestionada por los nacionalistas, es importante que se tome carta en el asunto y se revisen los contratos, porque lo que hemos escuchado ayer, nos muestra como el gobierno negocia el zócalo continental, sin el mínimo control”.

“Los ciudadanos hemos asistido nuevamente a hechos de corrupción, lo novedoso es que ahora no hemos, tardado en conocerlo de manera pública, PERUPETRO S.A no es ajeno a este tipo de hechos, hace casi un año, el 26 de Octubre del 2007, la Contraloría General de la República mediante resolución de Contraloría General Nº 360-2007-CG, determinó que con fecha 31 de mayo del 2000, se designó como Presidente del Directorio de PERUPETRO S.A a una persona que había actuado como representante de una empresa con la que PERUPETRO S.A sostenían una controversia por discrepancias de orden contractual, incurriendo en el delito de Negociación Incompatible con el cargo, previsto y penado por el artículo 399º del Código Penal”, sentenció la congresista nacionalista.

PERUPETRO, también fue objeto de denuncia por parte de la Contraloría, mediante Resolución de Contraloría General Nº 311-2007-CG, de fecha 27 de septiembre del 2007, por el delito de Colusión, previsto y penado en el Artículo 384º del Código Penal, por haber acordado la firma del Contrato de Operaciones de Exploración y Explotación por Hidrocarburos del Lote Z-2B, no con la empresa ganadora, si no con una empresa constituida en el país como sociedad anónima, contraviniendo las bases del concurso, perjudicado al Estado peruano al dejar de percibir el monto de US$ 2´969,516 dólares.

Por otra parte Espinoza Cruz, hizo referencia a alguno de los casos que han sido cuestionados en su momento por la forma como el Ministerio de Energía y Minas se pone “una venda en los ojos” y sin el mas mínimo reparo emite resoluciones que benefician a las empresas mineras como es el caso de la solicitud de Reinversión de Utilidades presentada por Cía. Minera Volcan SAA que fue cuestionada desde el Congreso de la República, al detectarse que algunos funcionarios de la Dirección General de Minería, así como del despacho de la entonces Viceministra de Minas Rosario Padilla, habían incurrido en acciones cuestionables que pudieron significar un perjuicio al Estado Peruano superior a 22.28 Millones de US$ por impuesto a la renta dejado de percibir. Ante las evidencias incuestionables la Viceministra renunció y el ministro Valdivia declaró nulo el proceso por el cual se le otorgaba a Volcan el beneficio de reinversión de utilidades por US$ 107 millones de dólares.

Estos hechos no son aislados, nos hacen suponer que es un “modus operandi” al interior del Ministerio de Energía y Minas, para beneficiar a empresas “favoritas”, es conocido el caso de la Empresa Minera Río Blanco (ex Majaz), que ha recibido beneficios tributarios y jurídicos a pesar de no contar con la “licencia social” por parte de la población de los Distritos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa y de haberse demostrado en la Comisión de Pueblos Andinos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República y en el informe Nº 001-2006/ASPMA-MA de la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo; que se encuentra de manera ilegal en los territorios de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta.

Río Blanco ha sido sancionada por el Organismo supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el 23 de febrero del año 2008, mediante resolución de Gerencia General Nº 444-2008-1-OS/GFM, por haber incurrido en la modificación del Proyecto de Exploración Río Blanco, sin contar con estudios ambientales aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.

Sin embargo esto no ha sido limitación para que el gobierno central emita el Decreto Legislativo 1064, que pretende facilitar las acciones de la empresa Río Blanco sin la “licencia social”, antes de empezar a explotar los territorios comunales; ahora mediante un simple procedimiento administrativo el Ministerio de Energía y Minas puede imponer una servidumbre minera a favor de una empresa sobre el predio de las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta.